Análisis y comentarios de Israel sobre el INFORME DE LA MISIÓN INVESTIGADORA EN GAZA
General:
Israel se siente consternado y decepcionado a raíz del Informe publicado el 15 de septiembre de 2009 por la Misión Investigadora en Gaza. El Informe hace de hecho caso omiso del derecho de Israel a la defensa propia, presenta afirmaciones infundadas acerca de su intención y recusa los valores democráticos y el imperio de la ley vigentes en Israel.
Al mismo tiempo, el Informe no tiene en cuenta la estrategia deliberada de Hamás de actuar en el seno de la población civil y detrás de ella, convirtiendo áreas densamente pobladas en campo de batalla. Al pretender no haber visto tales tácticas, de hecho las recompensa.
El Informe apenas si consigue disimular su objetivo de instigar una campaña política en contra de Israel, y en sus recomendaciones procura involucrar al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General, al Tribunal Internacional de Justicia, al Consejo de Derechos Humanos y a toda la comunidad internacional en esa campaña.
El Mandato de la Misión:
El mandato unilateral de la Misión Investigadora en Gaza, así como la resolución que la constituyó, dio lugar a serios motivos de preocupación tanto por parte de Israel como de numerosos estados miembros del Consejo que se negaron a apoyarlo, entre ellos los países de la Unión Europea, Suiza, Canadá, Corea y Japón.
El Mandato preocupó también a muchas distinguidas personalidades, entre ellas la ex Comisionada Suprema de Derechos Humanos Mary Robinson, que rechazó la invitación a encabezar la Misión y admitió que “estaba guiada no por los derechos humanos sino por la política".
La conducta de la Misión:
Estas preocupaciones se vieron exacerbadas por la conducta de la Misión propiamente dicha, inclusive por informes en los medios de comunicación palestinos acerca de que, en sus visitas a Gaza, era acompañada constantemente por funcionarios de Hamás, y por su negativa a recusar a miembros de la misma con claras posturas políticas acerca de los asuntos que se debían investigar. Uno de los integrantes de la misión adhirió con su firma a una carta publicada en el periódico Sunday Times de Londres, afirmando que las acciones de Israel contra los ataques de Hamás eran actos de "agresión y no en defensa propia", y así tiñó de prejuicio la investigación aun antes de que comenzara.
La modalidad sin precedentes de celebrar audiencias por televisión también fue un motivo de preocupación. El hecho de que todos los testigos fueran sometidos a una preselección, y que a ninguno se le preguntara nada respecto de las actividades terroristas palestinas o de la presencia de armas y terroristas en áreas civiles no hace sino respaldar la preocupación de que esto formaba parte de una campaña política bien orquestada.
Documento "no judicial"
En su carácter de líder de la Misión Investigadora, el juez Goldstone insistió repetidamente en afirmar que la Misión no era una investigación judicial y por tanto “no podía arribar a conclusiones judiciales". Fue sobre esa base que justificó la inclusión de integrantes con clara parcialidad en la misión, admitiendo que su participación “no hubiera sido adecuada en caso de una investigación judicial”. Por otra parte, el Informe reviste un carácter altamente judicial, ya que arriba a concluyentes determinaciones judiciales de culpabilidad e incluye “detalladas pruebas legales” aun sin disponer de la delicada información de inteligencia que Israel no se sintió en capacidad de suministrar. Estas aseveraciones se incluyen pese a que el Informe admite que no "pretende alcanzar el grado de prueba aplicable a un proceso penal".
Elementos que el Informe pasa por alto:
El Informe hace caso omiso de la deliberada estrategia terrorista de operar en el seno de áreas densamente pobladas por civiles, lo que impuso la ubicación del campo de batalla. Aun cuando los terroristas de Hamás se mezclaban con los civiles, el Informe rechaza la idea de que existía una intención de poner a la población civil en peligro.
Es asombroso que, pese a los casos ampliamente difundidos en la prensa internacional sobre el uso de instalaciones civiles por parte de grupos terroristas, y pese a las declaraciones de los propios líderes de Hamás en elogio de las mujeres y niños que actuaron como escudos humanos, el Informe declara repetidamente no haber encontrado ninguna prueba de tales actividades. Y ello, a pesar de admitir expresamente que los entrevistados se mostraban "reticentes a hablar de la presencia o de la conducción de las hostilidades por parte de los grupos armados palestinos".
El Informe hace también caso omiso de los denodados esfuerzos de Israel, incluso en el fragor del combate, por mantener las normas humanitarias. Si bien reconoce, de mala gana, los “significativos esfuerzos” de Israel por emitir advertencias y alertas antes de los ataques, no halla que ninguno de tales esfuerzos fuera eficaz.
Mientras juzga a Israel con respecto a casi todas las alegaciones, el Informe procura absolver a Hamás de casi toda falta. La palabra "terrorista" casi no aparece. El soldado Gilad Shalit, mantenido en cautiverio e incomunicado desde hace más de tres años, fue "capturado en el transcurso de una “incursión enemiga" y a los miembros de Hamás con los que la Misión se encontró en Gaza se les agradece como "autoridades de Gaza " por haber cooperado plenamente con la Misión y haberle brindado apoyo.
Incluso a los millares de ataques con cohetes contra israelíes, que hicieron necesaria la Operación Gaza se les da un tratamiento sumario, superficial; de hecho el Informe acusa indirectamente a Israel por esos ataques definiéndolos como "'represalias".
Rechazo de los valores democráticos:
En un Informe tan significativamente basado en las organizaciones de derechos humanos de Israel y en los recursos al Tribunal Supremo de Israel en asuntos de seguridad altamente delicados, el Informe dedica una atención considerable a la "represión de la disidencia en Israel". Esta aserción se basa en gran parte en el amplio apoyo del público israelí a la operación militar, y expresa la suposición de que Israel ha "creado un clima político que no tolera la disidencia”. No parece que la idea de que la mayoría de los israelíes haya apoyado genuinamente una operación destinada a poner coto a años de constantes ataques con cohetes y otros proyectiles contra la población civil de Israel se les haya ocurrido a los integrantes de la Misión.
El Informe se muestra también crítico respecto de las investigaciones internas de Israel, aun cuando éstas salgan favorecidas en comparación con las investigaciones de alegaciones en cuestiones militares en la mayoría de los países occidentales, y a pesar de que hayan conducido con regularidad a investigaciones judiciales y a fallos condenatorios.
Recomendaciones:
Las recomendaciones del Informe son tan parciales como sus apreciaciones. Procura involucrar al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General, al despacho del Comisionado Supremo de Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de Justicia y a la comunidad internacional en su hostil campaña política.
Pese a incluir algunas recomendaciones de forma respecto del bando palestino, toda la presión internacional está dirigida únicamente contra Israel.
La verdadera prueba de un Informe como éste reside únicamente en ver si en conflictos del futuro contribuirá a aumentar el respeto por el imperio de la ley o a disminuirlo. Lamentablemente, un informe unilateral de esta naturaleza, que pretende representar al Derecho internacional, sólo puede debilitar la vigencia de la ley en conflictos del futuro. Al mismo tiempo, transmitirá a los grupos terroristas, doquiera se encuentren, un mensaje profundamente inquietante, según el cual sus cínicas tácticas de aprovecharse del padecimiento de la población civil con fines políticos les reporta de hecho dividendos.