La Declaración del Establecimiento del Estado de Israel (14 de mayo 1948), constituye el Credo de la nación, estipulando: "El Estado de Israel... mantendrá una completa igualdad de derechos sociales y políticos para todos los ciudadanos, sin diferencia de credo, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma y cultura; salvaguardará los Santos Lugares de todas las religiones; será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas."
Israel es una democracia parlamentaria cuyas tres ramas: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, funcionan en base al principio de la separación de poderes, que asegura el control y balance dentro del sistema.
EL PRESIDENTE, cuyas funciones son principalmente ceremoniales y formales, simboliza la unidad del Estado. Es electo por la Knéset (Parlamento de Israel) por un solo período de siete años, el Presidente firma las leyes, indulta presos y conmuta sentencias con la recomendación del Ministro de Justicia y acepta las credenciales de los enviados extranjeros.
LA KNESET, el cuerpo legislativo, es un parlamento unicameral de 120 miembros que opera en sesiones plenarias y a través de 15 comisiones permanentes. Los debates generales y las votaciones sobre política y actividades gubernamentales, así como sobre proposiciones legislativas presentadas por el gobierno o por medio de proyectos privados de los miembros, son llevados a cabo en sesiones plenarias. Para convertirse en ley, cada proyecto debe pasar tres lecturas en la Knéset. El Presidente, el Primer Ministro, el presidente de la Knéset y el ministro responsable firman la ley cuando ésta es aprobada. Los debates de la Knéset se realizan en hebreo; los miembros árabes y drusos pueden dirigirse a la Cámara en árabe (la otra lengua oficial de Israel), habiendo traducción simultánea en ambos idiomas.
Los miembros de la Knéset, que representan una amplia gama de los partidos políticos, son elegidos cada cuatro años en elecciones nacionales, y todo el país constituye una sola circunscripción electoral. El número de asientos asignados a cada partido en la Knéset es proporcional a su porcentaje en el total de la votación nacional.
EL GOBIERNO (poder ejecutivo) es responsable ante la Knéset y supeditado a su confianza. Sus poderes políticos son muy amplios con respecto a los principales aspectos de la vida del país. A partir de las próximas elecciones a la Knéset, el Presidente impondrá a un miembro de la Knéset la responsabilidad de formar gobierno y presentar, en un período de 28 días, una list de ministros para ser aprobada por la Knéset; la mitad de los ministros deben parlamentarios. A la mayoría de los ministros se les asigna una cartera y presiden un ministerio; otros sirven sin cartera, pero se les puede encargar la responsabilidad por proyectos especiales. El primer ministro puede servir también como ministro sin cartera.
Todos los gobiernos, a partir de 1948, se han basado en una coalición de varios partidos, ya que, hasta la fecha, ningún partido ha recibido más de la mitad de los 120 asientos de la Knéset. El gobierno sirve por un período de cuatro años, aunque este término puede acortarse por la renuncia o muerte del primer ministro, o por un voto de desconfianza en la Knéset.
EL PODER JUDICIAL es completamente independiente del ejecutivo y del legislativo; los jueces son nombrados por el Presidente de acuerdo con la recomendación de una comisión pública de nombramientos, y sirven hasta su retiro mandatorio a la edad de 70 años. El sistema judicial consiste de tres niveles de cortes: los tribunales de Magistrado, que se ocupan de casos civiles y criminales de menor instancia; los tribunales de Distrito, que tratan todos los casos criminales y civiles que no son de la competencia de las cortes inferiores; y la Corte Suprema, con jurisdicción nacional, que actúa como Corte Superior de Apelaciones y como Alto Tribunal de Justicia, para peticiones emitidas por personas que buscan compensación de una autoridad pública.
Cortes especiales se ocupan de asuntos específicos como infracciones de tráfico, disputas laborales, delincuencia juvenil y demandas menores. La jurisdicción sobre asuntos de status personal (casamientos y divorcios) está conferida a las cortes de las diversas comunidades religiosas.