A poco de obtener su independencia (1948), Israel promulgó el decreto “Leyes y Administración”, que estipulaba que las leyes vigentes en el país antes de la independencia permanecerían en vigor mientras no contradijeran los principios enunciados en la Declaración de Independencia del Estado de Israel y no fueran incompatibles con las que promulgara en el futuro la Knéset. Así, el sistema legal incluye vestigios de la ley otomana (vigente hasta 1917), leyes del Mandato Británico (1918-1948), que incorporan gran parte del derecho consuetudinario inglés, elementos de la ley religiosa judía y algunos elementos de otros sistemas.
Sin embargo, la característica principal del ordenamiento jurídico israelí es el gran cuerpo de legislación y de jurisprudencia original que se ha ido desarrollando desde 1948. Una vez establecido el Estado, se confió a la Knéset la tarea de promulgar una serie de leyes básicas, referentes a todos los aspectos de la vida, que una vez reunidas formarán una constitución. Ya se han promulgado numerosas Leyes Básicas, que definen los rasgos fundamentales de las instituciones, tales como la Presidencia, la Knéset, el Gobierno, el Poder Judicial, las Fuerzas de Defensa de Israel, el Contralor del Estado, y otras varias sobre derechos ciudadanos, como Libertad de Ocupación (referente al derecho a seguir la vocación que uno ha elegido) y Dignidad y Libertad Humana, que otorga protección contra atentados a la vida, al cuerpo o a la dignidad de una persona.
Leyes básicas (inglés)
La superioridad normativa de las Leyes Básicas sobre la legislación ordinaria fue confirmada en 1995, cuando el Tribunal Supremo asumió el poder jurídico de derogar la legislación de la Knéset que violara una Ley Básica.
Con el correr de los años se ha desarrollado un cuerpo de jurisprudencia basado en las sentencias del Tribunal Supremo que protegen las libertades civiles, incluyendo las de expresión, de reunión y de culto, y les otorgan, junto con la norma de igualdad, el carácter de valores básicos del sistema legal de Israel.
En su capacidad de Corte Suprema de Equidad y actuando como primera y última instancia en la materia, el Tribunal Supremo también atiende recursos de amparo contra cualquier ente o agente estatal.